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El juez federal Adrián González Charvay ordenó al Poder Ejecutivo poner en funcionamiento la Ley de Emergencia en Discapacidad antes del 4 de febrero. La resolución surge tras una denuncia de la abogada cordobesa Marta Lastra, quien representa a diversas instituciones locales ante el incumplimiento de la norma vigente. 

El fallo exige actualizar el nomenclador de prestaciones y reactivar pensiones no contributivas dadas de baja. De no cumplirse el cronograma, funcionarios nacionales como Manuel Adorni o Sandra Pettovello podrían recibir multas diarias o enfrentar causas penales por desobediencia.