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La eliminación de la Secretaría pone en riesgo la continuidad de 130 mil viviendas en construcción, donde el Estado invirtió 3 mil millones de dólares. Además, 5 mil trabajadores podrían perder sus empleos.
El Gobierno justifica esta medida como parte de un plan de ajuste, pero sus consecuencias son graves:
Parálisis del sector:La construcción de viviendas se verá afectada, impactando negativamente en la economía y el empleo.
Dificultad de acceso a la vivienda: Familias de bajos recursos verán aún más lejos la posibilidad de tener un hogar propio.
Pérdida de empleos: Miles de trabajadores del sector de la construcción podrían quedar sin sustento.
La erradicación de la Secretaría de Hábitat y Vivienda es un retroceso en materia de derechos y políticas sociales. El Gobierno debe reconsiderar esta medida y buscar alternativas que garanticen el acceso a la vivienda y el desarrollo del sector.
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